Ante el encarecimiento de la vivienda y el avance de la gentrificación en Jalisco, se ha presentado una iniciativa legislativa que busca regular el mercado inmobiliario.

La propuesta, impulsada por la diputada Mariana Casillas (partido Futuro), busca frenar la especulación y el impacto de las plataformas de alquiler turístico.

Sin embargo, la legisladora destaca una preocupante contradicción en el estado: existen aproximadamente 450,000 viviendas desocupadas, mientras que 95,000 familias, tan solo en Guadalajara, buscan un hogar a un precio asequible.

La iniciativa tiene dos ejes principales:

1. Impuesto sobre inmuebles deshabitados

El primer pilar de la reforma es la creación de un impuesto para las propiedades que se mantienen vacías. Se plantea aplicar un recargo del 100% sobre el impuesto predial a aquellas viviendas que, estando en condiciones de ser habitadas, permanezcan desocupadas de forma continua por más de un año sin causa justificada.

• Excepciones: La medida no aplicaría si la desocupación se debe a un traslado temporal por motivos laborales, académicos o de salud, si la propiedad está en medio de un litigio, o si se trata de vivienda de interés social.
• Aplicación: Para las personas físicas, el impuesto se aplicaría a partir de la tercera propiedad deshabitada. En cambio, para las empresas inmobiliarias, la sanción se aplicaría desde el primer inmueble que mantengan vacío.

2. Regulación de plataformas de alojamiento temporal

La segunda parte de la propuesta busca controlar la oferta en aplicaciones como Airbnb. Las principales medidas serían:

• Establecer un límite general de 180 noches de alquiler al año por propiedad en estas plataformas.
• Imponer restricciones más severas en zonas de alto impacto turístico, como las colonias Americana, Moderna y Obrera, donde el límite se reduciría a 90 noches al año.
• Prohibir que las viviendas con una antigüedad menor a cinco años puedan ser registradas para alquiler temporal, buscando así desincentivar la construcción de edificios destinados exclusivamente a ese mercado.

Sanciones y destino de los fondos

El incumplimiento de estas nuevas reglas conllevaría sanciones económicas, con multas que van desde 50 a 500 UMAS para los propietarios y de 100 a 1000 UMAS para las plataformas digitales.

Los fondos recaudados a través de estos impuestos y multas se destinarán a la creación de fondos municipales para el desarrollo de vivienda social y otras políticas públicas.

Los promotores de la iniciativa subrayan que el objetivo no es afectar a los pequeños propietarios, sino regular a los grandes inversionistas que concentran propiedades y alteran el mercado de la vivienda para los residentes locales.